El Farallón de la Avenida Ecológica, un remanente de biodiversidad en medio del ajetreo urbano de Santo Domingo Este, se erige como un testigo silencioso de la riqueza natural que merece ser preservada para las generaciones futuras. Sin embargo, la protección de este enclave ecológico, establecida mediante decretos presidenciales, plantea una cuestión clave: ¿puede este tesoro natural ser objeto de titularidad privada?
La respuesta es un rotundo no. El Farallón de la Avenida Ecológica ha sido designado como área protegida por la legislación vigente, respaldada por decretos presidenciales específicos. Estas medidas legales no solo reconocen la importancia ecológica y ambiental de este espacio, sino que también establecen claramente su carácter público y su inalienabilidad.
El Decreto 381-92, emitido por el doctor Joaquín Balaguer en 1992, declaró de utilidad pública algunas parcelas para la construcción de la primera etapa de la Avenida Ecológica. Posteriormente, el Decreto 387-03, promulgado por Hipólito Mejía en 2003, y el Decreto 1214-04, emitido por Leonel Fernández en 2004, reafirmaron y ampliaron esta protección, declarando área protegida la franja de terrenos de hasta 150 metros de ancho a ambos lados del eje longitudinal de Los Farallones.
Estos decretos no solo delimitan claramente el área protegida, identificando las parcelas afectadas, sino que también establecen la prohibición de cualquier actividad que pueda comprometer su integridad ambiental y ecológica. En consecuencia, el Farallón de la Avenida Ecológica no puede ser objeto de titularidad privada, ya que su protección legal impide su enajenación o transferencia a particulares.
Más allá de consideraciones legales, la preservación del Farallón de la Avenida Ecológica es un imperativo moral y ético. Este enclave natural no solo alberga una biodiversidad única, sino que también desempeña un papel crucial en la mitigación del cambio climático y la conservación de los recursos hídricos.
En este sentido, es responsabilidad de todos, tanto del gobierno como de la sociedad civil, garantizar la protección y conservación de este tesoro natural para las generaciones presentes y futuras. Cualquier intento de usurpar su titularidad pública sería un atentado contra nuestro patrimonio natural y un menoscabo de nuestra responsabilidad como guardianes del medio ambiente.
